Modernización del Acuerdo Comercial UE-México

Las relaciones comerciales UE-México se enmarcan en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global), en vigor desde el 1 de octubre de 2000.

Desde la entrada en vigor del Acuerdo, además de haberse triplicado el intercambio comercial entre ambos socios, se ha producido una evolución positiva tanto del comercio de servicios, que alcanzó 14.400 millones de euros en 2015, como de las inversiones, al situarse, en ese mismo año, el stock de inversión europea en México en 161.600 millones de euros y el stock de inversión mexicana en la UE en 36.500 millones de euros. Fue el primer país latinoamericano con el que la UE firmo un acuerdo de libre comercio.



En vista de que las cláusulas de revisión previstas en el Acuerdo no permitieron su actualización, en junio de 2013 la UE y México decidieron crear un grupo de trabajo conjunto que, en septiembre de 2015, entregaba un informe conjunto explicando el modo de avanzar en la modernización del Acuerdo. Por su parte, la Comisión presentó en diciembre de 2015 un primer borrador de Decisión del Consejo o Mandato y de Directrices de negociación, junto con un estudio de impacto que señalaba que la modernización del Acuerdo tendría efectos positivos para ambas partes en términos de aumento de PIB, las exportaciones y los salarios de trabajadores y una ganancia de competitividad y mejora de la posición relativa tanto de México como de la UE. Las Directrices de negociación fueron aprobadas en mayo de 2016. El pasado 21 de abril, las partes anunciaron que se había alcanzado un acuerdo preliminar. Queda pendiente la redacción y conclusión del texto legal final y la aprobación por parte del Parlamento y del Consejo Europeo, y de los Parlamentos de los países firmantes para la entrada en vigor definitiva.

Con el Acuerdo, se mejora el acceso recíproco a los mercados de productos agroalimentarios, se incluyen disposiciones para proteger las indicaciones geográficas, para lograr un mayor acceso a la contratación pública, para liberalizar el intercambio de servicios o para proteger las inversiones (ICS). Asimismo, se incluyen disposiciones relativas a desarrollo sostenible o, por primera vez en un acuerdo comercial, a la lucha contra la corrupción.