Miércoles, 13 Mayo 2015 10:11

Negocian en el TPP arbitraje privado contra gobiernos

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) podría incluir regulaciones al rompimiento de contratos, un aspecto no cubierto por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.

Los negociadores del acuerdo analizan establecer esa regulación como parte del capítulo de inversiones, el cual comprendería también procesos que instaurarían tribunales especiales (paneles) para resolver diferencias entre inversionistas y Estados.

Los paneles se levantan para solucionar conflictos entre Estados; cuando un inversionista se siente afectado por expropiaciones o por trato no nacional o discriminatorio, o para tratar controversias comerciales internacionales entre privados.

“Estamos analizando si se incluiría también por violaciones por rompimiento de contratos”, dijo Guajardo.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) informó que varias formas para resolver controversias entre inversionistas y Estados son parte de más de 3,000 acuerdos en el mundo y en 50 de los cuales participa Estados Unidos.

Además de México y Canadá, con quienes integra el TLCAN, Estados Unidos tiene vigentes acuerdos de resolución de controversias con Chile, Perú, Singapur y Vietnam.

Los otros cinco integrantes del TPP, Australia, Brunei, Japón, Malasia y Nueva Zelanda, son parte de más de 100 acuerdos que contienen ese mismo mecanismo de solución de disputas, según la USTR.

Bajo ciertas circunstancias, el TPP permitiría a las empresas trasnacionales de los países involucrados en el acuerdo demandar legalmente al gobierno de cualquier otra de las naciones que lo firmen, exigiéndole compensación de “ganancias futuras” que dejen de poder obtener debido a algún cambio regulatorio doméstico.

Tras revelar a finales de marzo un supuesto borrador del capítulo de inversiones, Julian Assange, editor de WikiLeaks, criticó en un comunicado que el TPP desarrolla un tribunal supranacional en el que las multinacionales pueden demandar a las naciones donde tienen presencia. Este sistema, opinó, es un reto a la soberanía parlamentaria y judicial de los países involucrados.

La USTR argumentó que hay una oportunidad para establecer acuerdos entre las partes sobre un enfoque de alto nivel para resolver disputas sobre inversiones internacionales. “Estamos analizando generar las excepciones que la propia ley nos demanda al haber hecho las leyes secundarias, donde muchas no permiten que ninguna controversia se lleve a paneles internacionales en algunos casos”, agregó Guajardo.

Permitir litigios contra Estados no ha traído más inversión: Stiglitz

Playa del Carmen, QR. Permitir que los inversionistas litiguen contra gobiernos a través de paneles de arbitraje privados supranacionales no ha favorecido el incremento de la inversión dentro de los tratados de libre comercio e inversiones; por el contrario, desafía la capacidad del Estado para emitir regulaciones, aseguró Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2007, durante su participación en el Foro Económico Mundial sobre América Latina, el viernes pasado.

“Hasta el momento no hay evidencia alguna de que estas provisiones legales hayan incrementado la inversión en los países que las han adoptado”, aseguró el economista, al ser cuestionado sobre su posición en torno al Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, por su sigla en inglés).

En este acuerdo –en el que participan 12 economías, incluyendo Estados Unidos y México– se negocia el que los privados puedan controvertir en paneles supranacionales decisiones gubernamentales que consideren arbitrarias y perjudiquen sus inversiones.

Así, Stiglitz manifestó que los mayores desacuerdos en torno al TPP no radican en su capítulo comercial y ni siquiera en el apartado de propiedad intelectual, sino en la sección de inversiones y específicamente en los mecanismos que se proponen para resolver las controversias entre estados e inversionistas.

“(Este apartado) contiene un conjunto de mecanismos, muchos de los cuales están diseñados para hacer más complicado (para los gobiernos) emitir regulaciones en campos como salud, seguridad, condiciones laborales, medio ambiente o incluso sector financiero”, detalló.

Citó como ejemplo el caso de Uruguay, país que al endurecer la regulación de la venta de cigarrillos fue objeto de una demanda por el fabricante Philip Morris, que exige una compensación de 2,000 millones de dólares por presuntos daños.

“Sudáfrica también tenía acuerdos de este tipo y los han cancelado porque después de décadas de 
apartheid, para abatir la desigualdad social, el país impulsó regulaciones laborales por las cuales fue demandado”, enfatizó. (Con información de Octavio Amador)

 

 

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